La iniciativa fue convocada para el 23 de septiembre, en coincidencia con el 156.º aniversario de la creación de la CONABIP. Busca reunir a bibliotecas de todo el país, trabajadores de la cultura, universidades, escritores, editoriales y organizaciones sociales para elaborar propuestas que fortalezcan el sistema bibliotecario argentino y su participación en las políticas públicas.
Buenos Aires, octubre de 2026.
En un contexto de preocupación por el financiamiento de las instituciones culturales, la continuidad de las políticas públicas y la participación federal en las decisiones del sector, fue convocado para el pasado 23 de septiembre, en Sarandí 56 de la Ciudad de Buenos Aires, el lanzamiento de la Mesa de Trabajo Federal por las Bibliotecas Argentinas, una iniciativa orientada a construir un espacio de encuentro, articulación y elaboración colectiva de propuestas.
La convocatoria, anunciada en el marco del 156.º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), planteó la necesidad de trascender los reclamos sectoriales y avanzar hacia una agenda nacional que contemple las diferentes realidades que atraviesan las bibliotecas y los actores vinculados con el libro, la lectura, la información y la cultura.

El objetivo es promover un ámbito de participación que reúna no solamente a las bibliotecas populares, sino también a bibliotecas públicas, escolares, universitarias y especializadas, junto con bibliotecarios, escritores, editoriales, librerías, universidades, ferias del libro, centros culturales y organizaciones sociales.
De los reclamos sectoriales a la construcción de una agenda federal
La iniciativa tiene como antecedente inmediato la participación de representantes del sector en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, el 22 de septiembre, donde se expusieron preocupaciones relacionadas con los recursos destinados a las bibliotecas populares, la institucionalidad de la CONABIP y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de representación federal.
Durante aquella presentación, realizada por Diana Sales, se puso de manifiesto la importancia de sostener políticas públicas que reconozcan las profundas diferencias territoriales, económicas y sociales existentes entre las instituciones bibliotecarias del país.
La conformación de una mesa federal busca ampliar esa discusión. Las problemáticas del sector no se limitan a las dificultades presupuestarias, sino que abarcan cuestiones relacionadas con la formación profesional, la incorporación de tecnologías, las condiciones laborales, las desigualdades en el acceso a los bienes culturales y la capacidad de las bibliotecas para responder a las nuevas necesidades de sus comunidades.
Desde esta perspectiva, la construcción de una agenda común supone reconocer que las bibliotecas no constituyen realidades aisladas, sino que forman parte de un entramado educativo, cultural y social cuyo fortalecimiento requiere articulación y políticas sostenidas.
Las bibliotecas como instituciones fundamentales para la democracia
Uno de los ejes que fundamentan la iniciativa es la necesidad de recuperar una concepción integral de la biblioteca como institución social.
En un escenario donde buena parte de la información circula mediante plataformas digitales, algoritmos de recomendación y redes sociales, el papel de las bibliotecas adquiere nuevas dimensiones.
Además de garantizar el acceso al libro y promover la lectura, estas instituciones pueden contribuir a la alfabetización informacional, la formación del pensamiento crítico, la reducción de las brechas digitales y la construcción de espacios de participación ciudadana.
Esta dimensión resulta especialmente relevante en comunidades donde el acceso a tecnologías, recursos educativos y propuestas culturales se encuentra condicionado por desigualdades económicas o territoriales.
Pensar una política bibliotecaria federal implica, por lo tanto, discutir no solamente cuántos libros llegan a una institución, sino qué oportunidades concretas de formación, conocimiento y participación puede ofrecer a la comunidad en la que desarrolla su actividad.
El financiamiento y la participación federal, en el centro del debate
La conformación de la Mesa también se vincula con el debate sobre la implementación de la Ley 23.351, que regula el régimen de bibliotecas populares y establece instrumentos para su protección y fortalecimiento.
Durante 2025, el Decreto 345/2025 introdujo modificaciones en la organización de distintos organismos culturales, incluida la CONABIP. Posteriormente, el Congreso rechazó la medida, lo que dejó sin efecto aquel decreto. Sin embargo, continuaron los debates sobre financiamiento, autonomía institucional y representación de las bibliotecas en las decisiones públicas.

En ese marco, la discusión comprende tanto la suficiencia de los recursos presupuestarios como la transparencia de su distribución, la previsibilidad de los programas de apoyo y los mecanismos de participación de las instituciones beneficiarias.
La existencia de líneas oficiales de financiamiento no elimina estos interrogantes. La cuestión es determinar en qué medida esas herramientas responden a las necesidades concretas de las bibliotecas, cuáles son los criterios utilizados para establecer prioridades y cómo se garantiza que las políticas alcancen a los distintos territorios del país.
La perspectiva federal adquiere aquí un sentido que excede la representación geográfica. Implica incorporar las experiencias de las instituciones y comunidades a los procesos de diagnóstico, planificación y evaluación de las políticas públicas.
Un espacio abierto a todo el entramado del libro y la cultura
Uno de los aspectos distintivos de la propuesta es su carácter amplio.
La convocatoria no se limita a las organizaciones tradicionales del movimiento de bibliotecas populares. Por el contrario, contempla la participación de todos aquellos sectores vinculados con la producción, circulación, preservación y democratización del conocimiento.
Esta concepción reconoce que el funcionamiento del sistema bibliotecario se encuentra estrechamente relacionado con el trabajo de escritores, editoriales, librerías, docentes, investigadores, bibliotecarios y organizaciones culturales.
El desafío consiste en transformar esa diversidad de experiencias en propuestas concretas que puedan ser discutidas con los organismos públicos y las distintas instancias de representación institucional.
Una agenda de estas características también abre la posibilidad de abordar problemas que atraviesan al conjunto del sector: desde la sostenibilidad económica de las instituciones y el fortalecimiento de las redes bibliotecarias hasta la formación continua de sus trabajadores y la incorporación de herramientas digitales.
Hacia una política bibliotecaria construida desde los territorios
El lanzamiento de la Mesa de Trabajo Federal por las Bibliotecas Argentinas representa una iniciativa de articulación que busca proyectarse más allá de las demandas inmediatas.
Su principal desafío será consolidar mecanismos de participación capaces de traducir las necesidades de las instituciones en diagnósticos compartidos, propuestas verificables y acciones sostenidas.
La diversidad del territorio argentino exige reconocer que una biblioteca ubicada en una gran ciudad no enfrenta necesariamente las mismas condiciones que otra situada en una localidad rural, una comunidad alejada de los centros urbanos o una región con dificultades de conectividad.
Una política pública verdaderamente federal necesita conocer esas diferencias para definir prioridades y desarrollar herramientas que permitan reducir las desigualdades en el acceso a la cultura y la información.
En definitiva, la propuesta coloca sobre la mesa una discusión que trasciende al propio sector bibliotecario: qué lugar ocupa el conocimiento en el proyecto de desarrollo del país y qué responsabilidad corresponde al Estado y a la sociedad en garantizar su acceso democrático.
El futuro de las bibliotecas argentinas no depende exclusivamente de sus colecciones o de sus edificios. También depende de su capacidad para construir comunidad, articular conocimientos y contribuir a una ciudadanía informada y participativa.
La Mesa de Trabajo Federal se presenta como un espacio para llevar esa discusión a una escala nacional, con la intención de convertir preocupaciones compartidas en una agenda colectiva de trabajo.